El Ayuntamiento solicitará al Consell un régimen que garantice la limitación de actuaciones urbanísticasen los inmuebles que están incluidos en el Catálogode Protecciones en trámite

Alicante, 21 de marzo de 2024. La concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante llevará al Pleno del próximo martes, 26 de marzo, una propuesta para garantizar la protección del patrimonio municipal mientras culmina la tramitación del Catálogo de Protecciones. El Ayuntamiento solicitará al Consell de la Generalitat que establezca un régimen urbanístico transitorio aplicable a los 506 bienes en trámite de catalogación que cuentan con protección integral, parcial, ambiental y tipológica. Se trata de establecer una normativa que condicione las licencias para desarrollar actuaciones en los mismos a los límites que establece el Catálogo de Protecciones en tramitación. La propuesta se ha debatido esta mañana en la Comisión de Urbanismo previa al Pleno, en la que ha obtenido los votos a favor de PP, PSOE, Compromís y EU-Podem y la abstención de Vox.

El objetivo es “preservar la protección de estos bienes del patrimonio alicantino hasta la aprobación definitiva del Catálogo de Protecciones”, explica la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez. La tramitación de este catálogo, añade, “está muy avanzada”. Se aprobó provisionalmente en Pleno en septiembre de 2020 y se solicitó su aprobación definitiva ante la conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad.

No obstante, hace menos de un mes, el 29 de febrero, dicha conselleria “ha emitido la preceptiva Declaración Ambiental y Territorial Estratégica (DATE), que condiciona la aprobación definitiva a una serie de condicionantes, que implican la revisión integral del catálogo”, señala Gómez, lo que “necesariamente prolongará la tramitación”, indica.

Suspensión de licencias vinculadas a estos bienes

El Pleno del Ayuntamiento acordó en junio de 2022 la suspensión de determinado tipo de licencias durante la tramitación del Catálogo de Protecciones. Suspensión que afecta a ciertos bienes que no gozan de otra protección derivada, bien por su previa declaración por como bienes de interés cultural, de relevancia local o bienes incluidos en cualquier otro tipo de instrumentos de ordenación de protección.

En concreto, el acuerdo plenario afecta a los bienes catalogados con protección integral, parcial, ambiental y tipológica (BCI, BCP, BCA y BCT, respectivamente). Fundamentalmente quedaron suspendidas las licencias de demolición, en todo caso, y las licencias de obra que conllevasen actuaciones en los edificios identificados que pudiesen afectar a componentes o elementos individuales específicamente protegidos por las fichas del catálogo en tramitación.

Esta suspensión de licencias entró en vigor en julio de 2022 y su duración tiene un plazo máximo de dos años, por lo que vence en julio de este año. Por tanto, explica la concejala de Urbanismo, “es necesario establecer una nueva medida que garantice el mantenimiento de la protección de estos inmuebles hasta que concluya la tramitación del Catálogo de Protecciones” y esta medida es la que hoy se ha debatido en la Comisión de Urbanismo y la que se llevará al Pleno el próximo martes.

En concreto, el Ayuntamiento solicita al Consell que decrete la suspensión del planeamiento vigente y que establezca un régimen urbanístico transitorio aplicable a los bienes en trámite de catalogación que cuentan con protección integral, parcial, ambiental y tipológica. Se propone que la suspensión se mantenga hasta la entrada en vigor del Catálogo de Protecciones del municipio, actualmente en tramitación.

Mientras tanto, solo se permitirán sobre los citados inmuebles las actuaciones que estén admitidas y sean compatibles con lo establecido en el Catálogo de Protecciones en tramitación y las licencias urbanísticas municipales que, en su caso, se pudieran otorgar conforme a lo establecido en el apartado anterior, seguirán la tramitación contenida en el propio Catálogo de Protecciones en tramitación, requiriendo para su autorización de informe previo de carácter favorable de la conselleria competente en materia de Cultura y Patrimonio.