El alcalde de Alicante, Luis Barcala, firmará sendos convenios con las universidades de Alicante y Miguel Hernández de Elche por los que el Ayuntamiento cederá de forma gratuita la utilización de estancias de la fortaleza para que ambos campus desarrollen cursos de verano en ellas.

La Concejalía de Cultura, liderada por Antonio Manresa, ha llevado adelante las negociaciones con los máximos representantes de las dos entidades educativas y los puntos de confluencia han quedado plasmados en sendos convenios, pendientes únicamente de la firma.

El concejal de Cultura quiere convertir el castillo de Santa Bárbara en plataforma de encuentro entre las universidades de Alicante y Elche y que el castillo de Santa Bárbara sea reconocido como un estandarte en la oferta de cursos de verano en España, como ya lo es el palacio de la Magdalena ligado a la Menéndez Pelayo en Santander o San Lorenzo del Escorial relacionado con la Complutense de Madrid.

Una de las principales estancias del castillo que sería puesta a disposición de los campus sería el salón Felipe II, que conecta mediante un túnel con los ascensores que permiten a los visitantes la llegada rápida al interior del fortín. Otra de las puertas del salón da al patio de armas, uno de los lugares de esparcimiento más extensos de la ciudadela. El salón de Recepción de visitantes, que se acondicionó en su día conectado al Museo de la Ciudad de Alicante, sería otro de los espacios a utilizar para los cursos de verano, según las manifestaciones de Antonio Manresa.

Los convenios preparados para la rúbrica por el alcalde y los dos rectores, acto pendiente de cuadrar en las agendas, establece que el Ayuntamiento quedaría como entidad colaboradora en la oferta educativa estival de las dos universidades. El castillo sería uno de los enclaves oficiales en los que los dos campus desarrollarían sus cursos.

Los convenios está previsto que se firmen durante la primera quincena de enero de 2021 y el seguimiento y cumplimiento de sus articulados quedaría encomendado a una comisión, integrada por representantes de las tres partes.

La vigencia de los convenios será de dos años desde su firma, con la posibilidad de prorrogarlos otros dos años más.

La organización de los cursos y seminarios, así como su gestión administrativa, correría a cargo de las universidades.